América Latina, en el reto de construir puentes con y entre las ciudadanías.
El derecho a la información como práctica de formación y desarrollo de la ciudadanía comunicativa

Carlos Camacho, Bolivia (Diálogos de la Comunicación Edición N.68)

Amo la palabra Hermano
que hace que tu vida
y mi vida unan sus manos y,
como balanzas busquen el equilibrio,
para que cuando tú bajes yo te alce
y cuando yo caiga tú me levantes.

Anónimo

ABSTRACT

Se percibe en estas sociedades de principios de siglo que los medios de comunicación masiva y las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) al igual que las instituciones sociales aportan, de uno u otro modo, a la construcción de ciudadanía comunicativa, la misma que puede ser activa y participativa o vinculada exclusivamente al consumo, como se percibe en la mayoría de los casos.

El consumo de la oferta mediática y, especialmente, de la información periodística de calidad, coadyuva en la constitución y ejercicio activo y responsable de las ciudadanías porque permite que las personas se formen una opinión sobre algún hecho de interés común, la pongan a consideración pública y deliberen sobre la misma en busca de consensos que influyan o determinen acciones hacia los sistemas de poder. De este modo, se participa en la toma de decisiones que afectan, de forma directa o indirecta, la propia vida y la de la comunidad.

En este proceso de constitución de lo que se llamaría la ciudadanía comunicativa, es nuclear la información porque se basa en el principio de reducción de la incertidumbre. Esta certeza se logra por medio del despliegue de las facultades del derecho humano a la información (recibir, investigar y difundir información y opinión) que influyen sobre la persona en alguna forma de conocimiento y modifica o transforma su comportamiento en un proceso de “maduración social”, donde desarrolla las virtualidades de la sociabilidad.


LOS CAMPOS ARTICULADORES DE NUEVOS ESCENARIOS

En las últimas dos décadas valorizamos en los países de América Latina la democracia como régimen institucional, pero se constata que aún falta mucho por avanzar para que se constituya en evidentemente participativa y no sólo representativa, y para que subsista como una forma de vida cotidiana donde no exista una brecha tan profunda entre la formalidad de la ley, por un lado, y la conciencia y la práctica de los derechos humanos en el marco del ejercicio ciudadano, por el otro.

Esta grieta se debe, entre otras razones, a que muy poco es lo que se avanzó en cuanto a construir una gobernabilidad esencialmente democrática —que concierne a la relación entre el sistema político y la ciudadanía— por la falta de adecuación de la política y del Estado a las transformaciones sociales y culturales en curso, producto de acelerados procesos de cambio en la configuración de sociedades informacionales y del conocimiento donde convive, en permanente conflicto y complementariedad, la (pos)modernidad y la tradición. Entre otras cosas, estas “deficiencias afectan la viabilidad política de las estrategias de desarrollo y pueden poner en peligro la legitimidad misma del régimen democrático” (Calderón y Lechner, 1998: 12).

Estas configuraciones y procesos requieren la conducción de una nueva acción política que tome en cuenta la mayor y mejor cooperación, participación e incidencia efectiva de los ciudadanos, como sujetos actores. De hecho, resulta paradójico que hoy en día asistamos a un auge de la “cultura del yo” (privatización de actitudes y conductas) que contrae drásticamente y cambia de forma el ámbito integrador —en tanto espacio compartido, de encuentro— que representa lo público. Una interacción que en el omnipresente espacio del mercado conforma ciudadanos-consumidores o ciudadanos-espectadores; en ambos casos, apartados en espacios privados e íntimos(1), bien demarcados en sus intereses, pasivos en el juego político del poder (pertenencia democrática).

Frente a esta situación, Fernando Calderón y Norbert Lechner se cuestionan si “¿No es el estar-juntos-con-otros, esa comunidad de semejantes, el espacio propiamente político de la democracia?” (:26). Y si “¿puede la población de nuestras sociedades (o sea, nosotros) llegar a ser ciudadanos? Vale decir: la gobernabilidad democrática presupone ciudadanos, pero ¿qué hace la democracia para formar ciudadanos?” (:38-39). A lo que le añado inevitablemente, ¿qué hacen los medios y las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), especialmente Internet, para apoyar y fortalecer este proceso?

Precisamente, la gobernabilidad requiere patrones de corresponsabilidad y complicidad entre el sistema político y los individuos como sujetos de derecho convertidos en ciudadanos plenos —a partir de prácticas sociales, sistemas institucionales y representaciones culturales— que comparten algo común en libertad e igualdad. Todo esto está profundamente ligado a procesos de democratización, de educación y de revalorización de los derechos humanos(2), tal como lo recalcan los autores mencionados:

La ciudadanía presupone que las instituciones puedan garantizar a todos, como parte de los derechos individuales, todos los derechos sociales. En consigna, sólo si hay derechos hay ciudadanos (:34).


¿POR QUÉ HABLAR DE CIUDADANÍA HOY?

De una manera real se empieza a percibir, como fundamento para la consolidación de los noveles sistemas democráticos de América Latina, la urgente necesidad de su legalidad y legitimación desde la sociedad civil. No sólo en los ámbitos académicos, sino cada vez con mayor ímpetu entre las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, el tema de la ciudadanía va cobrando especial importancia por una serie de razones que provienen fundamentalmente de cuatro vertientes:

a) Política:

La falta de reconocimiento y menosprecio, desde el tiempo de la Colonia, de la cultura política de los sectores populares debido a razones políticas e ideológicas que impiden concebir al “otro”, en sus múltiples diferencias ?especialmente interculturales?, como igual (conciudadano). Esto se manifiesta en desigualdad e injusticia social producto de una profunda negación cultural y de una serie de sentimientos y acciones arraigados de discriminación e intolerancia(3).

- Paralelamente, se observan marcados procesos de auto negación, donde el “otro” se siente y percibe como inferior (ciudadano de segunda o tercera clase) y desestima su propia identidad cultural.

- Se siente el agotamiento del sistema de partidos políticos. La gente valora la política como necesidad de participar y ocuparse del destino de la comunidad, pero siente que esta actividad fue “maleada” por un grupo minoritario (“politiqueros”) que se aprovecha de ella para lograr intereses personales o partidarios y, además, no deja participar a otros en la escena política (clientelismo, nepotismo).

b) Histórica:

- Una modernidad aún inconclusa en la que conviven multiplicidad de sentidos de vida y pluralidad de culturas, en cuyo seno se entrecruzan diferentes lógicas de desarrollo que no logran ser resignificadas y apropiadas por la gente debido a las concepciones lejanas y alejadas desde las que fueron pensadas y transplantadas.

- Una larga etapa histórica de gobiernos de facto (militares) en diferentes países latinoamericanos en la década de los años ’70 que avasalló las posibilidades reales del ejercicio constitucional de derechos, esencialmente los relacionados con la libertad de expresión y opinión, y anuló las garantías constitucionales de los ciudadanos. Todo ello, sumado a violaciones de los derechos humanos por medio del uso de aparatos de represión y muerte, desgastó el sistema democrático y perfiló un clima de injusticia en el que ?ahora en menor medida, pero con clara evidencia? viven las mayorías alejadas o aisladas del poder económico y político. Estas jóvenes democracias tienen aún mucho camino por recorrer para recobrar la esperanza perdida y el sueño anhelado.